“El Mono”, el menor de 17 años y el oscuro historial detrás del crimen de las hermanas en Malambo
Un adolescente de 17 años. Un alias que ya aparecía en informes policiales desde que tenía apenas 14. Y un crimen que sacudió a toda Colombia.
En los últimos días, el nombre de “El Mono” se ha convertido en una de las piezas centrales de la investigación por el asesinato de las hermanas Sheridan Sofía Hernández Noriega (14 años) y Keila Nicole Hernández Noriega (17 años) en el municipio de Malambo, cerca de Barranquilla. Sin embargo, según los expedientes de las autoridades, la historia de este joven no comenzó aquella madrugada.
Empezó mucho antes.
Y refleja una realidad inquietante sobre la violencia, la criminalidad juvenil y las fallas del sistema judicial colombiano.
Un historial que comenzó muy temprano
De acuerdo con los registros de inteligencia, “El Mono” apareció por primera vez en reportes policiales en 2023, cuando tenía apenas 14 años. Los documentos indican que habría sido reclutado por “Los Costeños”, una estructura criminal conocida en la región Caribe de Colombia por su participación en delitos como extorsión, microtráfico y homicidios.
A una edad en la que muchos jóvenes apenas comienzan la secundaria, el adolescente ya estaba presuntamente involucrado en dinámicas de violencia.
Las autoridades sostienen que dentro de esa estructura el menor habría sido utilizado como ejecutor de acciones violentas, bajo órdenes de Carlos Alberto Ortiz Blanco, conocido en el mundo criminal como alias “Cachete”.
Para organizaciones de este tipo, el reclutamiento de menores no es una excepción. La falta de oportunidades, el entorno social y el dinero fácil suelen empujar a muchos jóvenes hacia ese camino.
Captura y condena siendo menor
El historial judicial del joven se volvió más grave en 2024, cuando fue capturado y procesado por homicidio y extorsión. Un tribunal de menores ordenó entonces su internamiento en el Centro de Reeducación El Oasis, una institución destinada a la rehabilitación de adolescentes que han cometido delitos graves.
La medida contemplaba ocho años de reclusión.
Pero el caso tomó un giro inesperado.
En noviembre de ese mismo año, el joven logró escapar del centro de reeducación, abriendo un nuevo capítulo en su historia.
Del escape a los grupos armados
Tras su fuga, los reportes de las autoridades señalan que el menor se trasladó hacia el departamento de Antioquia, una zona donde operan varios grupos armados ilegales.
Allí habría terminado vinculado a disidencias armadas, específicamente al frente 36, bajo el mando de un líder conocido como alias “Calarcá”.
Un menor prófugo.
Un combatiente improvisado.
Una pieza más dentro del complejo conflicto armado colombiano.
Durante su permanencia con esa estructura armada, el joven habría participado en enfrentamientos contra el Ejército. En uno de esos combates, ocurrido en el municipio de San Andrés de Cuerquia, resultó herido por un disparo en la pierna.
Ese episodio cambiaría nuevamente el rumbo de su historia.
De combatiente a “víctima”
Tras ser capturado o entregarse a las autoridades, el menor fue trasladado a Medellín. Allí se le otorgó una clasificación jurídica diferente: víctima de reclutamiento forzado por grupos armados ilegales.
Según la legislación colombiana, los menores involucrados en organizaciones armadas pueden ser considerados víctimas si se demuestra que fueron reclutados siendo menores de edad.
Esa condición le permitió ingresar a programas de protección estatal en lugar de regresar inmediatamente a prisión.
Tiempo después, el joven recuperó la libertad.
Este es uno de los puntos que hoy genera mayor controversia.
Porque, pese a su historial por homicidio, su fuga del centro de reeducación y su vinculación con estructuras armadas, el adolescente pudo regresar a Barranquilla.
El sistema apostó por la rehabilitación.
Pero hoy ese resultado está siendo cuestionado.
El regreso a Barranquilla
De vuelta en la ciudad, informes policiales indican que “El Mono” habría retomado contacto con dinámicas criminales urbanas, relacionadas con microtráfico y control territorial en barrios periféricos.
Su nombre volvió a aparecer en reportes de inteligencia.
Hasta febrero de 2026.
La noche del crimen
Según la investigación, durante la noche del martes de Carnaval, las hermanas Sheridan y Keila salieron de su casa en el barrio La Sierrita tras recibir un mensaje que las invitaba a reunirse con conocidos.
La cita habría sido organizada por Juan David Taboada, alias “Tata”, de 19 años, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con Keila Nicole.
Las jóvenes fueron llevadas a una vivienda en Malambo, donde, según los investigadores, al menos siete personas estaban presentes.
Dos de ellas ya han sido detenidas.
Otras cinco aún no han sido identificadas plenamente.
Durante las audiencias judiciales del 6 de marzo, la Fiscalía reveló la existencia de un video que registraría el momento en que una de las jóvenes fue asesinada.
Según filtraciones del caso, en la grabación se escucharía una voz gritar repetidamente:
“¿Qué hiciste, Mono? ¿Qué hiciste?”
Incluso entre quienes estaban presentes, la reacción habría sido de sorpresa.
Un crimen que abre nuevas preguntas
Los informes forenses también indican que las víctimas fueron asesinadas mediante distintos métodos, lo que sugiere un alto nivel de violencia y ha provocado indignación en todo el país.
El caso ha reavivado el debate sobre el sistema judicial juvenil en Colombia.
¿Cómo es posible que un menor con antecedentes por homicidio y extorsión, que además se fugó de un centro de reeducación y participó en estructuras armadas, pudiera regresar libremente a su ciudad?
¿Hasta qué punto el sistema debe tratar a estos jóvenes únicamente como víctimas?
Durante el funeral de las adolescentes, su madre, Maricruz Noriega, pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva:
“Los capturan ahora… y luego los sueltan. Mis hijas no volverán.”
Sus palabras reflejan el dolor de una familia que intenta comprender cómo dos adolescentes terminaron atrapadas en una red criminal mucho más grande que ellas.
Porque la historia de “El Mono” no es solo la de un joven de 17 años.
Es también el reflejo de un sistema que todavía lucha por responder una pregunta incómoda: cuándo un menor es víctima… y cuándo se convierte en victimario.
