Los últimos mensajes de WhatsApp que intercambiaron dos hermanas adolescentes antes de desaparecer están revelando una historia que ha estremecido a Colombia.
Lo que parecía una conversación común entre jóvenes terminó convirtiéndose en una pieza clave dentro de una investigación criminal que hoy expone relaciones sentimentales peligrosas, amenazas de extorsión y posibles conexiones con estructuras armadas ilegales.
Cada nuevo detalle conocido aumenta la indignación pública y deja una pregunta inquietante en el aire: qué ocurrió realmente en las horas previas a la brutal muerte de las dos menores.
El caso gira en torno al asesinato de Sheerydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, ocurrido en el barrio Maranata del municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico.
Lo que inicialmente fue reportado como una desaparición de dos jóvenes terminó revelando un entramado de hechos que ha conmocionado a todo el país.
Durante la audiencia realizada el 6 de marzo de 2026 para definir la medida de aseguramiento contra un adolescente de 17 años señalado como coautor del crimen, la Fiscalía presentó nuevos elementos que arrojan luz sobre las horas previas a la desaparición de las hermanas.
Entre ellos se encuentran conversaciones de WhatsApp que ahora forman parte de las pruebas del proceso judicial.
Según el relato expuesto en la audiencia, la madre de las víctimas, Maricruz Noriega, descubrió los chats después de que una persona cercana le recordara que el WhatsApp de su hija menor seguía abierto en su teléfono. Al revisar las conversaciones comenzó a encontrar mensajes que le generaron profunda preocupación.
Los intercambios de mensajes se remontaban al 15 de febrero, apenas tres días antes de que las jóvenes desaparecieran. En esas conversaciones aparecían mensajes afectivos entre las víctimas y dos jóvenes que hoy están bajo investigación por el doble homicidio.
La madre declaró que quedó alarmada al ver la cantidad de personas con las que sus hijas mantenían contacto. Entre esos contactos se encontraban los dos sospechosos que posteriormente serían señalados por las autoridades.
De acuerdo con su testimonio, su hija menor mantenía una relación sentimental con el adolescente de 17 años hoy investigado. En los chats ambos se trataban con palabras de cariño y se llamaban amor, lo que para la familia confirmaba que existía un vínculo emocional entre ellos.
La situación con la hija mayor era similar. Según la investigación, la joven de 17 años había salido con otro de los sospechosos conocido con el alias Tata durante el martes de carnaval, pocos días antes de la tragedia.
Las autoridades consideran que estas relaciones pudieron haber influido en los acontecimientos posteriores.
El 18 de febrero ocurrió el episodio que cambiaría todo. Esa noche las dos hermanas se encontraban en su casa y le dijeron a su madre que ya estaban acostadas y que no saldrían. Incluso Maricruz Noriega les envió dinero para que compraran algo de comer.
Sin embargo, horas después la madre supo que las jóvenes habían decidido salir de la vivienda. De acuerdo con el testimonio presentado en la audiencia, las hermanas recibieron un mensaje en el que alguien les pidió que fueran de inmediato a encontrarse con esa persona.
Aunque otra persona intentó impedir que salieran, ellas insistieron en hacerlo. Finalmente solicitaron un servicio de transporte y abandonaron la casa sin autorización.
Esa fue la última vez que fueron vistas con vida.
Cuando la madre notó que sus hijas no regresaban, intentó comunicarse con los números de teléfono de las personas que aparecían en los chats. Sin embargo, varios contactos la bloquearon, incluido el menor de edad investigado.
Poco después uno de los números volvió a escribirle. En el mensaje le enviaron un panfleto con las siglas B.R.C, que corresponden al Bloque Resistencia Caribe, una estructura armada que opera en la región Caribe colombiana.
A partir de ese momento comenzaron a llegar mensajes de extorsión.
Inicialmente exigieron 50 millones de pesos para liberar a las dos jóvenes. Ante las súplicas desesperadas de la madre, la cifra fue reducida a 20 millones y luego a 10 millones de pesos, cinco por cada una de las hermanas.
Uno de los mensajes conocidos durante la audiencia indicaba que si la mujer colaboraba con el dinero podría recibir a sus hijas con vida.
Sin embargo, las investigaciones posteriores revelarían que las menores ya habían sido asesinadas.
Según los datos presentados por la Fiscalía, después de llegar al lugar donde fueron citadas, las dos hermanas fueron llevadas al patio de una vivienda. Allí los sospechosos comenzaron a interrogarlas.
Los implicados afirmaron durante los interrogatorios que creían que el menor de 17 años estaba siendo buscado por integrantes del grupo criminal Los Costeños y que las hermanas Hernández habrían facilitado información para que lo mataran.
Uno de los agresores habría preguntado quiénes eran los hombres que supuestamente planeaban atacarlos. De acuerdo con el expediente judicial, una de las jóvenes respondió que se trataba de otros novios que ellas tenían.
Poco después se produjo el doble homicidio.
Una de las hermanas fue asesinada con disparos y la otra fue degollada. Tras cometer el crimen, los implicados buscaron palas para cavar dos fosas en diferentes lugares del terreno y así ocultar los cuerpos.
El hallazgo de estos detalles convirtió el caso en uno de los crímenes más impactantes registrados en Colombia en los últimos meses.
La Fiscalía también mencionó durante la audiencia que existen indicios de que los sospechosos podrían tener vínculos con estructuras armadas relacionadas con disidencias de las Farc.
Según las declaraciones recogidas durante la investigación, los implicados habrían recibido órdenes desde Bogotá sobre posibles objetivos y acciones violentas.
Además, se investiga si ambos actuaban como intermediarios financieros entre estas estructuras armadas en la capital y grupos criminales que operan en Barranquilla. Los pagos estarían relacionados con asesinatos dentro de un supuesto plan de limpieza social atribuido a la organización Los Costeños.
En medio de la audiencia, los abogados defensores del menor solicitaron que se le concediera una medida no privativa de la libertad bajo un modelo de justicia restaurativa.
La Fiscalía rechazó esa petición. Argumentó que el adolescente representa un riesgo para la sociedad y que existen antecedentes que indican que podría evadir los controles de las autoridades.
El ente acusador recordó que el menor ya había escapado anteriormente del Centro de Reeducación El Oasis, ubicado en el departamento del Atlántico.
Por esta razón la Fiscalía sostiene que medidas como vigilancia electrónica, presentaciones periódicas ante las autoridades o restricciones de movilidad no garantizan que el joven deje de delinquir.
Actualmente el menor enfrenta acusaciones por homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, porte ilegal de armas y no comparecencia ante la justicia.
Mientras el proceso judicial continúa, el país sigue atento a cada nuevo detalle que emerge de la investigación.
Para la familia de las víctimas, el dolor permanece abierto. Maricruz Noriega ha señalado que lo más difícil de aceptar es que sus hijas terminaron atrapadas en una red de relaciones peligrosas que la familia nunca imaginó.
Lo que comenzó como una historia de mensajes entre adolescentes terminó revelando una trama de violencia que hoy mantiene conmocionada a toda Colombia.
